21/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El Gobierno de Javier Milei vuelve a apuntar contra uno de los sectores más vulnerables y envió al Congreso un proyecto de ley bajo el rótulo de “lucha contra el fraude de pensiones por invalidez”. La iniciativa obliga a todos los beneficiarios a reempadronarse y endurece las condiciones de acceso y permanencia en el sistema, mientras el propio Poder Ejecutivo sigue sin aplicar la ley de emergencia en discapacidad aprobada el año pasado.
El texto oficial se presenta como una ofensiva contra supuestas irregularidades, con un discurso centrado en el control y la revisión masiva de prestaciones. En sus fundamentos, el Ejecutivo insiste en un crecimiento “exponencial” de las pensiones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023, y utiliza esos números para justificar una avanzada sobre el universo de beneficiarios.
La iniciativa habilita auditorías periódicas y cruces de información con organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Agencia de Recaudación, además del sistema tributario. El objetivo declarado es detectar inconsistencias, pero el proyecto va más allá: prevé la suspensión preventiva de pensiones ante cualquier irregularidad, incluso antes de que se resuelva cada caso.
En el centro del paquete aparece el reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez deberán actualizar datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo mínimo de 90 días, con una posible prórroga de 30. El que no cumpla quedará automáticamente fuera del sistema: primero con la suspensión del pago y, si no regulariza en 60 días, con la baja definitiva mediante un trámite administrativo.
El proyecto también redefine las reglas de acceso y permanencia con más restricciones. Establece la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o la inscripción en regímenes laborales, cerrando la puerta a cualquier intento de complementar ingresos. A la vez, fija el monto del beneficio en el 70% del haber mínimo jubilatorio —hoy en $275.221— y refuerza un criterio excluyente: solo podrán sostener la prestación quienes acrediten incapacidad laboral y ausencia total de recursos.
Con el argumento del control, el oficialismo avanza sobre un sistema ya atravesado por demoras y recortes, y lo hace sin haber cumplido todavía la emergencia que el propio Congreso sancionó. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos margen tienen para soportarlo.
