16/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y Mahiques. Imagen: Redes sociales.
El Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva controversia institucional tras conocerse que prepara un decreto para modificar el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa promete abrir una fuerte discusión política y jurídica, ya que elimina herramientas de participación ciudadana que estuvieron vigentes durante más de dos décadas.
Según trascendió desde fuentes oficiales, la medida busca reformar el sistema establecido por el decreto 222/2003, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que introdujo mecanismos de publicidad y control social en los procesos de designación de magistrados para el máximo tribunal del país.
Uno de los cambios más sensibles sería la eliminación de la instancia que permitía a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, universidades y colegios profesionales presentar observaciones e impugnaciones sobre los candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema. De concretarse, desaparecería uno de los principales mecanismos de control público sobre quienes aspiran a ocupar uno de los cargos más importantes del Poder Judicial.
La reforma también dejaría sin efecto la obligación de publicar los antecedentes y postulaciones en diarios de circulación nacional. A partir de ahora, la difusión quedaría limitada a la página web oficial del Ministerio de Justicia, reduciendo considerablemente la visibilidad pública del proceso.
Otro aspecto que genera debate es la eliminación de recomendaciones vinculadas a la diversidad de género, representación regional y especialización jurídica de los candidatos. Aunque estas pautas no eran obligatorias, constituían criterios orientadores destinados a garantizar una integración más equilibrada y representativa del máximo tribunal.
Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es agilizar los procedimientos, evitar burocracia innecesaria y dotar de mayor transparencia al sistema. Sin embargo, sectores de la oposición, especialistas en derecho y referentes judiciales consideran que las modificaciones podrían implicar un retroceso en materia de calidad institucional y participación ciudadana.
Las primeras reacciones no tardaron en aparecer. La consejera de la Magistratura Jimena de la Torre advirtió que la transparencia y el control público son garantías esenciales del sistema republicano y pidió revisar la iniciativa antes de su implementación. En la misma línea, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó duramente la reforma y acusó al Gobierno de avanzar hacia mecanismos con menor control democrático.
Pese a las modificaciones proyectadas, el requisito constitucional para designar jueces de la Corte Suprema seguirá intacto: los candidatos deberán obtener el acuerdo del Senado con una mayoría especial de dos tercios de los votos.
Con una Corte Suprema que actualmente funciona con apenas tres integrantes sobre los cinco cargos previstos, el debate sobre cómo se eligen los futuros jueces promete convertirse en uno de los temas institucionales más calientes de las próximas semanas. La discusión ya está abierta y enfrenta dos visiones opuestas: quienes defienden una mayor agilidad administrativa y quienes advierten sobre una posible reducción de los controles ciudadanos en una de las decisiones más trascendentes del sistema democrático argentino.
