17/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cámara de Diputados. Imagen: Web.
El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso propone modificar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y eliminar los valores universales del nomenclador. La iniciativa generó cuestionamientos de bloques aliados como el PRO y la UCR y abrió una nueva discusión parlamentaria sobre la emergencia vigente.
El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso por los cambios propuestos para el sistema de prestaciones destinado a personas con discapacidad.
El proyecto incorpora modificaciones al régimen vigente y, en particular, plantea que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de establecer valores universales para todo el país. La propuesta quedó incluida en el artículo 39 de la iniciativa enviada a Diputados.
La modificación implica un cambio en el esquema actual, que establece valores de referencia para prestaciones como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación.
El artículo que encendió la discusión
El artículo 39 modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
El texto propuesto establece que la universalidad del sistema no implicará que exista una homogeneidad de aranceles o modalidades de financiamiento entre las distintas jurisdicciones. En su lugar, plantea garantizar un piso mínimo común de prestaciones.
Para los casos en los que el obligado sea el Estado nacional, el proyecto establece que los valores serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si no se realiza esa actualización dentro del plazo previsto, el Ministerio de Salud tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La propuesta generó críticas porque, según organizaciones y sectores de la oposición, podría producir diferencias en los valores que reciben los prestadores dependiendo de quién financie cada prestación.
El Gobierno enfrenta cuestionamientos de sus aliados
El debate también abrió diferencias dentro del propio espacio que acompaña habitualmente al oficialismo en el Congreso.
Según el relevamiento publicado por Tiempo Argentino, sectores del PRO y la UCR habían avanzado en conversaciones con La Libertad Avanza para elaborar una propuesta alternativa a la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El contenido del Presupuesto 2027 modificó ese escenario y provocó cuestionamientos de legisladores que participan de esas negociaciones. El oficialismo parlamentario manifestó, según ese medio, que continuaría buscando consensos para avanzar con una propuesta propia.
La discusión tiene como fecha relevante el 23 de septiembre, cuando vence el plazo establecido para la firma del dictamen correspondiente.
La oposición pide modificar el proyecto
Desde Unión por la Patria también cuestionaron el contenido de la iniciativa.
El diputado Juan Marino, uno de los impulsores de la propuesta de prórroga de la emergencia, planteó que el nuevo proyecto presupuestario modifica sustancialmente el escenario de debate y reclamó retirar el capítulo referido a discapacidad.
La oposición sostiene que el cambio podría afectar el sistema de protección vigente y cuestiona particularmente la eliminación de los valores universales del nomenclador.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la propuesta busca establecer un esquema de cobertura universal respetando las diferencias entre jurisdicciones y manteniendo un piso mínimo de prestaciones.
Qué cambia para los prestadores
Uno de los puntos centrales de la discusión es el mecanismo utilizado para establecer cuánto se paga por cada prestación.
Actualmente existe un nomenclador con valores de referencia que se actualizan periódicamente. De hecho, la Secretaría Nacional de Discapacidad publicó en julio de 2026 una actualización de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar ese esquema y establece que el nomenclador no contendría valores universales. Cada ente obligado determinaría los valores dentro de su relación con los prestadores, mientras que para las prestaciones financiadas directamente por el Estado nacional se establecería un mecanismo específico.
Para las organizaciones de prestadores, el temor es que esa modificación termine generando diferencias en los montos reconocidos según la obra social, prepaga o jurisdicción.
El reclamo de los prestadores
Durante las reuniones parlamentarias también se escucharon testimonios de representantes del sector.
Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, cuestionó la posibilidad de eliminar el esquema de valores comunes y advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesan los prestadores.
Según su exposición, los retrasos en los pagos de Incluir Salud afectan la continuidad de las prestaciones y dificultan el sostenimiento de los servicios.
Las organizaciones sostienen que la discusión no se limita a una cuestión presupuestaria: involucra la continuidad de tratamientos, rehabilitación, transporte, acompañamiento y otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Un debate que vuelve a enfrentar al Congreso con el Ejecutivo
El conflicto se produce mientras Diputados analiza también la posibilidad de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El proyecto presupuestario plantea modificaciones a distintos artículos de esa legislación y propone un nuevo esquema para prestaciones y pensiones.
El antecedente inmediato es el debate del Presupuesto 2026, cuando el Congreso aprobó el proyecto pero el oficialismo no logró sostener determinados artículos vinculados con la derogación de leyes de emergencia.
Ahora, con el Presupuesto 2027 nuevamente en discusión, el Gobierno deberá negociar con bloques opositores y aliados para conseguir los votos necesarios.
Por el momento, el cambio en el nomenclador no es una medida vigente sino una propuesta incluida en el proyecto presupuestario. Su alcance definitivo dependerá del tratamiento y eventual aprobación del Congreso.
