22/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: José Luis Espert. Imagen: Web.
La Justicia procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le prohibió salir de Argentina y le impuso un embargo de $1.000 millones. La causa investiga una transferencia de US$200.000 vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos financieros. El expediente también alcanza al contador del exdiputado y a una sociedad familiar.
José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de activos, en una causa que investiga una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 desde una cuenta vinculada a Federico “Fred” Machado. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, también dispuso un embargo de $1.000 millones contra el exdiputado libertario y le prohibió salir del país.
La investigación busca determinar si el dinero recibido por Espert provenía de operaciones ilícitas y si la transferencia estuvo vinculada a maniobras de lavado. Machado, señalado como financista de la campaña presidencial de Espert en 2019, fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el fraude electrónico.
La resolución judicial también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario, con un embargo de $700 millones. Además, la Justicia dispuso un embargo de $500 millones sobre Varianza SA, una sociedad vinculada al entorno familiar del exlegislador.
Los US$200.000 que complican al exdiputado libertario
El origen de la transferencia constituye uno de los puntos centrales del expediente. Según la investigación, el dinero llegó en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Machado, quien había mantenido relación con Espert antes de que se conocieran públicamente las acusaciones en su contra.
A principios de agosto, Machado fue declarado culpable por la Justicia estadounidense de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas.
El caso volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre el financista y el dirigente libertario, cuya campaña presidencial de 2019 recibió apoyo económico de Machado. La investigación judicial deberá establecer si el pago declarado como producto de un contrato de consultoría tuvo un origen ilícito y si existieron maniobras destinadas a darle apariencia legal.
La defensa de Espert: sostiene que fue un pago legítimo
Antes de conocerse el procesamiento, Espert había publicado un extenso descargo en sus redes sociales. Allí sostuvo que los US$200.000 correspondían a un contrato de consultoría firmado en 2019, certificado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
El exdiputado afirmó que la operación quedó documentada y que la transferencia bancaria incluía su nombre como referencia. También aseguró que existen correos electrónicos y testimonios que respaldarían la existencia del acuerdo comercial.
Espert rechazó que se tratara de un contrato simulado y sostuvo que no tenía conocimiento de las acusaciones contra Machado cuando estableció la relación comercial. Según su versión, las sospechas sobre las actividades del financista se conocieron después de su detención en 2021.
También negó haberse enriquecido de manera injustificada y argumentó que el dinero permaneció en una cuenta a su nombre, con los impuestos correspondientes pagados. Su postura es que se trató de un pago legítimo por servicios profesionales y no de una operación de lavado.
Sin embargo, la Justicia avanzó con el procesamiento, una resolución que implica que el juez encontró elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en esta etapa de la causa. El procesamiento no equivale a una condena definitiva y la investigación continúa bajo el marco judicial correspondiente.
Milei había defendido públicamente a Espert
El caso también expone la posición que mantuvo el presidente Javier Milei, quien respaldó públicamente al exdiputado cuando las denuncias comenzaron a generar repercusiones políticas.
Tras el descargo de Espert, el mandatario republicó su mensaje y lo calificó como un “soldado de hierro”. Además, sostuvo que el dirigente había sido víctima de una operación y cuestionó el tratamiento que el periodismo y el Poder Judicial le dieron al caso.
En otras declaraciones, Milei afirmó que Espert había sido difamado y condenado públicamente sin pruebas. También aprovechó la controversia para intensificar sus críticas contra periodistas y dirigentes opositores.
Con el procesamiento, el expediente suma una nueva instancia judicial que pone en cuestión aquellas defensas políticas. La prohibición de salir del país y el embargo millonario marcan un avance concreto de la causa, aunque la responsabilidad penal del exdiputado deberá definirse en el proceso judicial.
La investigación deberá determinar si el dinero recibido tuvo un origen ilícito y si Espert conocía esa procedencia. Mientras tanto, el caso vuelve a generar presión sobre el espacio libertario por los vínculos que mantuvo uno de sus antiguos referentes con un financista condenado en Estados Unidos.
