04/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Julia Mengolini. Imagen: Web.
La Justicia Federal procesó a tres simpatizantes libertarios acusados de enviar amenazas de muerte y secuestro contra la periodista Julia Mengolini. El juez Sebastián Casanello consideró que los mensajes fueron concretos, graves y capaces de intimidarla y afectar su actividad profesional.
La Justicia Federal avanzó contra tres simpatizantes libertarios acusados de amenazar a la periodista Julia Mengolini a través de las redes sociales.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Carlos Eguez, Nahuel Orona y Aarón Tomás Espíndola, luego de analizar los mensajes enviados contra la periodista, entre ellos amenazas como “te voy a secuestrar” y “vas a terminar con un balazo”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Mengolini y contó con la intervención del fiscal federal Guillermo Marijuán.
Los tres acusados fueron citados a indagatoria, pero se negaron a declarar. Tras analizar las pruebas incorporadas al expediente, Casanello resolvió avanzar con los procesamientos.
“Concretas, futuras, serias y graves”
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la valoración realizada por el magistrado sobre el contenido de las amenazas.
Casanello consideró que no se trató simplemente de expresiones agresivas o insultos publicados en redes sociales, sino de mensajes que reunían características suficientes para generar temor en la víctima.
Para el juez, fueron amenazas “concretas, futuras, serias, graves y posibles”, con capacidad para intimidar a Mengolini y condicionar el desarrollo de su actividad periodística.
La Justicia también impuso medidas para proteger a la periodista y a su entorno familiar.
Embargos y prohibición de salir del país
Además de los procesamientos, Casanello dispuso embargos cercanos a los $50 millones para cada uno de los acusados.
También les prohibió salir del país y estableció una prohibición de acercamiento a Mengolini y a sus familiares.
Los procesados deberán, además, mantener informado al juzgado sobre cualquier modificación de domicilio y comunicar eventuales ausencias de su lugar de residencia superiores a 48 horas.
La resolución busca evitar que los acusados puedan acercarse a la víctima o interferir con las medidas de protección dispuestas durante el avance de la investigación.
Una causa que puso el foco en el discurso político
La investigación también incorporó una dimensión institucional.
En el expediente participaron la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), además de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Reporteros Sin Fronteras, que actuaron como amicus curiae.
Las organizaciones señalaron un aspecto que el propio Casanello consideró de especial gravedad: la posible participación activa de funcionarios del Estado en la generación de un clima de hostilidad contra periodistas y mujeres.
Según el planteo incorporado a la causa, determinados discursos estigmatizantes provenientes de sectores oficiales pueden contribuir a que miles de cuentas anónimas reproduzcan ataques y amenazas.
Ese punto abre una discusión que excede a los tres acusados: hasta dónde llega la responsabilidad individual por una amenaza y qué impacto puede tener el discurso político cuando se transforma en combustible para campañas de hostigamiento en redes sociales.
El antecedente de los ataques contra Mengolini
Mengolini se convirtió en blanco frecuente de ataques en redes sociales por parte de sectores identificados con el oficialismo libertario.
El propio Javier Milei realizó numerosas publicaciones contra la periodista y también inició una acción judicial en su contra por presuntas injurias.
La causa por las amenazas analiza ahora si ese contexto contribuyó a generar las condiciones para que determinados usuarios pasaran de la agresión virtual a intimidaciones concretas.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales de los acusados, pero el expediente también expone un problema cada vez más visible: la violencia política y el hostigamiento digital pueden escalar cuando las amenazas dejan de ser simples ataques en redes y adquieren características capaces de generar un temor real.
Por ahora, Casanello fue contundente: los mensajes analizados en esta causa superaron el límite de la agresión y alcanzaron, según la resolución, el terreno penal de las amenazas.
