22/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La administración británica del archipiélago prorrogó los permisos offshore mientras Argentina intensifica las acciones legales y administrativas contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
22 de septiembre de 2026. La administración británica de las Islas Malvinas, con respaldo del Reino Unido, decidió extender por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La medida permite que las compañías que ya cuentan con permisos continúen con sus proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.
La decisión se produce en un contexto de renovada disputa con la Argentina por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. En las últimas semanas, el Gobierno argentino anunció sanciones, procedimientos administrativos y acciones judiciales contra empresas vinculadas con proyectos petroleros en el área.
Las autoridades de las islas sostienen que la extensión de los permisos brinda previsibilidad a los operadores y permite mantener las inversiones previstas. Las licencias podrían, además, extenderse por otros dos años bajo determinadas condiciones vinculadas con los programas de trabajo.
Sea Lion, en el centro de la disputa
Uno de los proyectos centrales es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas. El desarrollo está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que poseen participaciones del 65% y 35%, respectivamente, según la información disponible sobre el proyecto.
El proyecto adquirió especial relevancia después de que el Gobierno argentino anunciara nuevas medidas contra empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei había dispuesto medidas frente al avance de Sea Lion hacia una eventual explotación petrolera. Al día siguiente, la Cancillería anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina.
Posteriormente, el Ejecutivo amplió esas actuaciones a 15 sujetos adicionales y anunció nuevas acciones judiciales contra empresas vinculadas con el proyecto.
Argentina considera ilegales las actividades
La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas requieren autorización de las autoridades nacionales.
El Gobierno también invoca la Ley 26.659, que establece restricciones para actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente habilitación nacional. El Decreto 868/2026 volvió a utilizar ese marco legal frente a las actividades vinculadas con los proyectos en el Atlántico Sur.
En septiembre, además, el Gobierno de Milei envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas herramientas para actuar frente a actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.
Londres mantiene una posición diferente
La administración británica de las islas sostiene una posición contrapuesta a la argentina respecto de la jurisdicción sobre las actividades económicas y los recursos naturales del archipiélago.
En su información oficial sobre las licencias petroleras, las autoridades de las islas reconocen actualmente como titulares de permisos a empresas como Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Petroleum y JHI Falklands.
La prórroga anunciada ahora extiende ese esquema mientras continúa sin resolverse la disputa de soberanía entre ambos países.
Argentina sostiene que existe una disputa de soberanía reconocida internacionalmente y reivindica la aplicación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras permanece pendiente una solución negociada.
El Reino Unido, en cambio, mantiene su propia interpretación sobre la soberanía y la administración de los recursos de las islas.
Un conflicto que suma petróleo a la disputa por Malvinas
La decisión de extender las licencias agrega un nuevo capítulo a un conflicto que combina soberanía, recursos naturales, petróleo y actividad empresarial.
Mientras Londres y las autoridades de las islas mantienen el esquema de permisos petroleros, Buenos Aires profundizó durante septiembre sus acciones administrativas, judiciales y legislativas contra las compañías involucradas.
El desarrollo de Sea Lion aparece así como uno de los principales puntos de tensión. Su eventual explotación petrolera plantea un escenario en el que la disputa por la soberanía de Malvinas se cruza directamente con el control y aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur.
