06/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Belgrano Cargas. Imagen: Web.
tirá al Poder Ejecutivo revisar y bloquear inversiones de empresas estatales extranjeras en sectores estratégicos. Mientras endurece los controles sobre esos capitales, mantiene los beneficios para proyectos privados incorporados al RIGI.
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una nueva regulación que le otorgará al Poder Ejecutivo la facultad de revisar y eventualmente frenar inversiones de Estados extranjeros en sectores estratégicos de la economía argentina.
El mecanismo quedó incorporado en el dictamen de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, firmado por el oficialismo en la Cámara de Diputados el pasado 27 de octubre. El artículo 111 establece un filtro para inversiones extranjeras en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
La iniciativa contempla que un Consejo de Seguridad Nacional pueda revisar las operaciones de empresas estatales extranjeras o compañías bajo su control. Sin autorización previa, determinadas concesiones podrán ser declaradas nulas y el Presidente tendrá la facultad de ordenar la desinversión mediante un decreto.
El proyecto abre un interrogante sobre el criterio con el que se determinará qué inversiones representan una amenaza para los intereses nacionales y cuáles podrán avanzar sin restricciones.
Un consejo del Ejecutivo decidirá qué inversiones pueden ingresar
El organismo estará presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica.
En otras palabras, la decisión quedará concentrada en una estructura integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo.
El dictamen también incorporó una comisión bicameral que recibirá información después de cada decisión.
Las inversiones anteriores a la ley quedarán excluidas del nuevo régimen. Por eso, las represas de Santa Cruz, cuya construcción se reactivó en enero de 2026 con un financiamiento de 150 millones de dólares de un consorcio de bancos chinos, no quedarían alcanzadas por las nuevas restricciones.
Sin embargo, las futuras inversiones de empresas estatales extranjeras en esos sectores deberán atravesar el filtro del Consejo.
Las modificaciones después de las advertencias de Estados Unidos
El proyecto fue impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y sufrió modificaciones durante su tratamiento.
Según la información publicada, los cambios llegaron después de que Washington transmitiera su preocupación por el impacto que las sanciones podían tener sobre empresas estadounidenses vinculadas a Malvinas.
El 23 de octubre, el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau se reunió con Milei en la Casa Rosada.
Posteriormente, el dictamen excluyó de las sanciones a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión sin poder de decisión. También redujo la pena mínima prevista para los proveedores.
La diferencia señalada por el artículo es que las disposiciones se flexibilizaron para determinados intereses estadounidenses, mientras se endurecieron los controles sobre el capital estatal de otros países.
El antecedente de la Hidrovía
La iniciativa no aparece aislada. El artículo señala que ya existen mecanismos similares en otras decisiones del Gobierno.
Uno de ellos es el pliego de la Hidrovía, aprobado mediante la Resolución 67/2025, que impide competir a empresas controladas directa o indirectamente por Estados o agencias estatales. También alcanza a compañías incluidas en las listas de sanciones de la OFAC, la oficina del Tesoro estadounidense.
Ese criterio dejó afuera a la dragadora estatal china CCCC.
Una disposición similar aparece en la reforma del régimen de tierras rurales que se debate en el Senado, donde se plantea impedir que Estados extranjeros o empresas bajo su control accedan a campos.
De esta manera, el criterio de exclusión del capital estatal extranjero se repite en distintas áreas estratégicas.
Menos financiamiento público y más beneficios para el sector privado
Mientras impulsa restricciones para las inversiones estatales extranjeras, el Gobierno también avanza con la cancelación o reasignación de financiamiento de organismos multilaterales.
En octubre se conocieron informes de reestructuración del Ministerio de Economía que solicitaron cancelar o reasignar más de 2.150 millones de dólares en créditos del Banco Mundial y del BID.
Esos fondos estaban destinados a proyectos como el Belgrano Sur, obras contra inundaciones y energía limpia para hogares vulnerables. Según el artículo, los recursos fueron reorientados para sostener las metas acordadas con el FMI.
En paralelo, el dictamen preserva los proyectos que solicitaron su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de la nueva ley.
Uno de los ejemplos es la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que quedó en manos de TGS, controlada por Pampa Energía y el grupo Sielecki. La empresa fue la única oferente de la licitación, financia la obra y la opera bajo los beneficios del RIGI.
Además, el FMI pidió avanzar con las concesiones de infraestructura y acelerar la implementación de ese régimen.
Las provincias también quedarán alcanzadas
Otro de los puntos centrales es el impacto sobre las provincias y sus recursos naturales.
La Constitución reconoce el dominio provincial de esos recursos, pero el nuevo mecanismo establece que las inversiones de empresas estatales extranjeras en sectores como el litio, el petróleo y la energía deberán pasar por la revisión del Consejo de Seguridad Nacional.
El artículo toma como ejemplo a Santa Cruz, donde la reactivación de la represa La Barrancosa se concretó después de las gestiones del gobernador Claudio Vidal en Beijing.
Con la nueva normativa, futuras operaciones de este tipo quedarían sujetas a la evaluación de un organismo con sede en la Casa Rosada.
La polémica por las penas y la libertad de expresión
El proyecto también incorpora disposiciones penales vinculadas con la injerencia extranjera.
En su versión original, el artículo 111 contemplaba penas de hasta 12 años de prisión para campañas de desinformación financiadas desde el exterior.
En el dictamen pasó a ser el artículo 129 y la referencia a la desinformación desapareció. El delito quedó definido como campaña de injerencia extranjera, con la misma pena. Si existen amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales, la escala puede llegar a los 15 años de prisión.
El texto excluye expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima, la expresión pública atribuida a Estados extranjeros y la representación abierta de intereses.
Estas modificaciones se incorporaron después de las críticas de organizaciones de prensa. Sin embargo, según el artículo, todavía existen dudas sobre el alcance de la norma respecto de las organizaciones no gubernamentales.
Una ley que busca trascender al Gobierno de Milei
La iniciativa no solo establece controles sobre las inversiones extranjeras, sino que también crea un marco institucional y penal que podría mantenerse más allá de la actual administración.
La discusión de fondo pasa por el modelo de financiamiento y desarrollo de la infraestructura argentina: mientras se restringe la participación de capitales estatales extranjeros y se reducen créditos de organismos públicos, se mantienen los beneficios para los inversores privados que ingresan al RIGI.
El proyecto tiene previsto su tratamiento para el 12 de noviembre.
