21/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Facultad de Derecho de la UBA. Imagen: Web.
El conflicto universitario entra en una fase de máxima tensión. Rectorados, gremios y estudiantes afinan la convocatoria a una nueva marcha federal mientras preparan una semana completa de paro del 27 al 30 de abril. La escena se repite, pero con un agravante: el Gobierno no solo desoye los reclamos, sino que se mueve activamente para no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
El plazo que había fijado la Cámara para que el Ejecutivo saldara las deudas con más de sesenta universidades públicas venció sin respuesta. En lugar de girar los fondos para salarios y becas, Milei ordenó a la Procuración del Tesoro escalar el conflicto judicial hasta la Corte Suprema. En paralelo, el oficialismo presentó un recurso extraordinario para frenar la ley vigente y ya trabaja en un proyecto alternativo que busca reemplazarla por una versión recortada.
La comunidad universitaria acusa recibo. Lejos de retroceder, redobla la presión. Desde este martes comienzan las actividades preparatorias para una huelga que anticipan como masiva, en un escenario que los propios docentes describen como un conflicto largo y sin salida rápida.
“Desde el inicio de su gestión Milei ha tenido una política de desfinanciamiento, de ahogo constante con el argumento del déficit cero. En su proyecto de país la universidad no entra”, advirtió Francisca Staita, titular de Conadu Histórica. La dirigente recordó que el Gobierno lleva seis meses sin cumplir una ley que fue votada, vetada, ratificada por el Congreso y luego respaldada por fallos judiciales que ordenan su aplicación.
Pero en la Casa Rosada el mensaje es otro: desconocer, dilatar, resistir. Según los gremios, el Ejecutivo replica la misma lógica que ya aplicó con otras normas, como las leyes de emergencia en discapacidad y pediátrica. El resultado es un escenario de confrontación abierta con el Poder Legislativo y el Judicial.
El paro fue convocado por las dos Conadu y pone sobre la mesa un reclamo concreto: recomposición salarial urgente. Los sindicatos calculan que los docentes necesitan un aumento del 55 por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. Denuncian que miles de profesores siguen cobrando salarios que rondan los 250.000 pesos.
Mientras tanto, el Gobierno ensaya maniobras para esquivar el impacto fiscal. Evalúa enviar al Congreso un proyecto alternativo con aumentos muy por debajo de lo establecido por la ley vigente y nuevas exigencias para la rendición de gastos. También analiza una aplicación parcial y escalonada de la norma, una estrategia de pago a cuentagotas para evitar un desembolso inmediato.
Desde las universidades advierten que el límite ya fue superado. “No aguantamos más la situación”, lanzó Emiliano Yacobitti, quien alertó sobre la fuga de docentes e investigadores y el deterioro del sistema. El impacto, señalan, trasciende las aulas: pone en riesgo la formación de profesionales clave y el desarrollo científico.
Aun así, Yacobitti dejó una puerta entreabierta al diálogo y pidió que el Ejecutivo se siente a discutir cómo cumplir la ley. El tiempo, sin embargo, corre. Cada día sin negociación acerca más el escenario de una nueva movilización masiva.
En términos legales, el Gobierno juega al límite. Aunque recurrió a la Corte Suprema, la apelación no tiene efecto suspensivo: la obligación de transferir fondos sigue vigente. Para cumplir con la ley, el Ejecutivo debería girar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales.
En privado, desde la Casa Rosada blanquean la decisión política: no pagar. La justificación es la falta de recursos. La ejecución de esa estrategia queda en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además enfrenta cuestionamientos por su patrimonio y gastos personales.
Con el sistema universitario al borde del colapso y el Gobierno decidido a sostener el ajuste, el conflicto escala. Y todo indica que lo que viene será una nueva pulseada en las calles.
