20/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska. Imagen: Archivo.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto la sentencia de 2023 que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones, una suma que superaba los US$18.000 millones con intereses. La decisión formaliza el cierre de la primera instancia, pero la disputa no terminó: Burford Capital pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise el fallo que anuló la condena.
La disputa judicial por la estatización de YPF registró un giro decisivo en Estados Unidos. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su sentencia contra la Argentina y cerró la etapa de primera instancia en el litigio iniciado por la expropiación de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que había revocado la condena millonaria dictada en 2023. Aquella sentencia obligaba al país a pagar US$16.100 millones, un monto que, con los intereses acumulados, superaba los US$18.000 millones.
Sin embargo, el expediente todavía no está definitivamente terminado. La última palabra podría quedar en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si acepta analizar el recurso presentado por el fondo Burford Capital, financista de la demanda contra la Argentina.
La Cámara de Apelaciones anuló la condena
La decisión de Preska formaliza lo resuelto en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En ese pronunciamiento, los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron por revocar la sentencia, mientras que José Cabranes presentó una disidencia.
El tribunal consideró que la sentencia de primera instancia había interpretado de manera equivocada la legislación argentina. Según el criterio de la Cámara, la normativa vinculada con la expropiación impedía que demandas de terceros interfirieran en el proceso expropiatorio.
Además, los magistrados sostuvieron que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. Ese argumento resultó central para dejar sin efecto la condena económica que pesaba sobre el país.
La vía de revisión ordinaria también quedó agotada después de que el pleno del tribunal rechazara, en junio, un pedido para revisar la decisión. Con ese escenario, Burford Capital recurrió a la máxima instancia judicial estadounidense.
Burford busca reabrir la discusión ante la Corte Suprema
A comienzos de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar que el máximo tribunal revise la resolución que anuló la condena.
En su presentación, el fondo calificó el fallo de la Cámara de Apelaciones como «gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes». El planteo busca revertir la decisión favorable a la Argentina y reactivar el reclamo por miles de millones de dólares.
No obstante, la Corte Suprema estadounidense no está obligada a aceptar el expediente. El tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por año y suele admitir alrededor de 80 casos.
Tampoco existe un plazo establecido para que los jueces resuelvan si tomarán el caso. Por eso, aunque la sentencia de Preska quedó formalmente sin efecto, la incertidumbre judicial continuará mientras se espera una definición sobre el recurso.
Un reclamo paralelo ante el CIADI
En paralelo a la disputa judicial en Estados Unidos, Burford Capital abrió un procedimiento arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
El reclamo fue iniciado en representación de las sociedades Petersen, vinculadas con los antiguos accionistas de YPF que impulsaron la demanda original, junto con Eton Park.
De esta manera, la decisión de Preska representa un avance importante para la Argentina frente a la condena millonaria de primera instancia, pero no elimina todas las vías de reclamo. El futuro del litigio en Estados Unidos dependerá de si la Corte Suprema acepta revisar el fallo de la Cámara de Apelaciones, mientras continúa la instancia arbitral paralela.
