22/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El fiscal Gerardo Pollicita. Imagen: Web.
La tormenta judicial sobre Manuel Adorni sigue creciendo y cada nuevo movimiento de la investigación agrega más interrogantes sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Mientras en el plano político su figura pierde respaldo y aumenta la presión dentro del Congreso, en los tribunales federales la causa avanza sobre nuevos frentes: un celular clave, operaciones con criptomonedas, reformas millonarias y declaraciones juradas que ahora están bajo análisis.
El expediente que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito sumó una nueva denuncia por falsedad ideológica presentada por diputados de la Coalición Cívica. La presentación fue incorporada a la causa principal que tramita en Comodoro Py y quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
La investigación apunta a determinar si Adorni omitió información relevante en sus declaraciones patrimoniales y si las explicaciones ofrecidas posteriormente alcanzan para justificar movimientos económicos que despertaron sospechas.
Uno de los puntos centrales del expediente está puesto sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación de la vivienda del funcionario en el country Indio Cua Golf Club.
Tabar declaró ante la Justicia que recibió alrededor de 245 mil dólares por la totalidad de los trabajos realizados. Esa cifra, sin embargo, no coincide con la versión de Adorni, quien aseguró que el costo de la obra habría sido menor.
Ahora los investigadores buscan reconstruir el verdadero valor de la remodelación, analizar comunicaciones y determinar si existieron otros movimientos económicos vinculados a esa operación.
La Justicia también puso la lupa sobre otros gastos que llamaron la atención, entre ellos la compra de ropa de cama por más de 8 millones de pesos, una operación que generó cuestionamientos dentro del expediente y que forma parte del análisis patrimonial del funcionario.
En paralelo, apareció el nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora de Casa Rosada vinculada al entorno de Adorni, cuya identidad habría sido utilizada en documentación relacionada con la adquisición de esos elementos. Los investigadores evalúan si corresponde convocarla como testigo para aportar información sobre la operación.
Otro capítulo sensible está relacionado con la madre del jefe de Gabinete, Silvia Pais. La fiscalía solicitó información al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui, para determinar si la mujer reside allí, bajo qué modalidad y desde cuándo.
El interés judicial está vinculado con las declaraciones patrimoniales de Adorni, donde figura una deuda con su madre superior a los 16 millones de pesos. Los investigadores buscan establecer el origen y las condiciones de esa relación económica.
Pero uno de los puntos que más atención genera es la llamada pista cripto.
Luego de rectificar sus declaraciones juradas, Adorni informó inversiones en activos digitales que no habían aparecido anteriormente. Entre ellas mencionó operaciones vinculadas con Bitcoin, Binance y Lemon.
El funcionario explicó públicamente que años atrás invirtió 200 mil dólares en Bitcoin y que tuvo una ganancia cercana a los 300 mil dólares gracias a la suba del activo. Sin embargo, esa explicación abrió nuevas preguntas en la Justicia: cuándo se realizaron las compras, a qué cotización, qué movimientos tuvieron esas billeteras y si los números declarados coinciden con la evolución real de esas inversiones.
Por eso, el fiscal Pollicita solicitó información a organismos especializados para reconstruir el historial de operaciones con criptomonedas realizadas en el país desde 2012.
Además, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones trabaja en un informe técnico sobre los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Dentro del equipo participa un especialista en activos digitales, una señal de la importancia que tiene esa línea investigativa.
La situación podría complicarse aún más porque todavía falta documentación patrimonial de Angeletti. Según fuentes judiciales, el expediente avanzará independientemente de que esa información sea presentada o no.
La Justicia también analiza si existieron maniobras destinadas a acomodar números patrimoniales para hacerlos coincidir con explicaciones posteriores, especialmente en relación con la herencia familiar del funcionario y su hermano Francisco.
En ese marco, Pollicita pidió acceder a documentación de otra causa que involucra al hermano del jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.
Todas las líneas de investigación apuntan hacia un mismo objetivo: determinar si el patrimonio declarado por Adorni puede ser explicado de manera consistente o si existen inconsistencias que requieran una respuesta judicial.
Mientras el Gobierno intenta sostener políticamente a uno de sus funcionarios más cercanos, la causa continúa avanzando en silencio en Comodoro Py. Cada nueva medida judicial suma presión y deja abierta una pregunta que se vuelve cada vez más incómoda para el oficialismo: ¿podrá Adorni justificar todos los números de su patrimonio antes de que la Justicia avance hacia una instancia decisiva?
