26/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La investigadora del INTA Virginia Aparicio. Imagen: WebVirginia Aparicio, investigadora del INTA, enfrenta un proceso disciplinario que podría dejarla inhabilitada de por vida para ejercer en la función pública. La medida ocurre después de su participación en un estudio que detectó glifosato en el 86,1% de los argentinos que participaron de las muestras.
La investigadora Virginia Aparicio, una de las especialistas del INTA que participó de investigaciones sobre plaguicidas, enfrenta un proceso disciplinario que podría terminar con una inhabilitación de por vida para ejercer en la función pública.
El caso está relacionado con su participación en el proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que analizó la presencia de plaguicidas en personas y en distintos componentes del ambiente.
Aparicio llevaba más de 20 años de trayectoria cuando participó del proyecto con aval del INTA. La investigación generó un fuerte conflicto después de que el organismo suspendiera la difusión de los resultados argentinos y posteriormente se retirara del proyecto.
El estudio que puso al glifosato en el centro
El proyecto SPRINT analizó muestras de participantes de distintos países para determinar la presencia de plaguicidas en el organismo y estudiar su distribución en el ambiente.
En el caso argentino, uno de los resultados que generó mayor repercusión fue la detección de glifosato en el 86,1% de las personas que participaron de las muestras.
El dato requiere una precisión: no significa que el 86,1% de toda la población argentina tenga glifosato en el cuerpo, sino que ese porcentaje corresponde al grupo de personas argentinas que participó del relevamiento.
El herbicida también fue encontrado en el 100% de las muestras de materia fecal de los bonaerenses incluidas en el estudio.
Además, los investigadores detectaron entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, entre 6 y 22 en alimentos y entre 43 y 86 plaguicidas en polvo doméstico.
El INTA frenó la difusión
Según la reconstrucción del caso, la difusión de los resultados argentinos fue frenada a mediados de 2023. El INTA también se desvinculó del proyecto, aunque continúa figurando como socio en la página oficial de SPRINT, según la información publicada.
La decisión abrió un conflicto alrededor de la investigación y de la participación de Aparicio.
Desde sectores vinculados al organismo sostienen que hubo presiones para evitar que los resultados fueran difundidos. Una fuente del INTA citada en la investigación periodística atribuyó la situación a “quejas de las corporaciones” y señaló la existencia de intereses empresariales vinculados al sector agropecuario.
Esas afirmaciones corresponden a fuentes consultadas y no constituyen por sí mismas una prueba de presiones empresariales sobre el organismo.
El proceso contra la investigadora
El conflicto tomó una nueva dimensión en 2025, cuando el actual Gobierno avanzó con un proceso disciplinario contra Aparicio.
El objetivo señalado en la investigación publicada es aplicar una sanción que no se limite a su salida del INTA, sino que implique su inhabilitación para volver a desempeñarse en la función pública.
Entre los argumentos mencionados para avanzar contra la científica aparece un supuesto “perjuicio a la administración nacional”.
El planteo es cuestionado por sectores que respaldan a Aparicio, debido a que el proyecto SPRINT contó con financiamiento de la Unión Europea.
También cuestionan el manejo de datos personales
Otro de los puntos que aparecen en el proceso está relacionado con los datos personales de las personas que participaron del estudio.
Según la información publicada, se le cuestionó a Aparicio no haber entregado a su línea jerárquica determinados datos vinculados con los voluntarios y las concentraciones de plaguicidas encontradas.
La investigadora explicó que no proporcionó esos datos porque había firmado un acuerdo de confidencialidad con las personas que participaron del muestreo.
Desde sectores gremiales consideran que el conflicto está relacionado con cuestiones administrativas, pero cuestionan que la respuesta pueda terminar en la sanción más severa para la investigadora.
Aparicio defendió la investigación
La científica sostuvo públicamente la importancia de los resultados obtenidos y planteó la necesidad de reducir la utilización de productos químicos en el sistema productivo.
“La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”, afirmó Aparicio en declaraciones a Radio 10.
La investigadora sostiene que los resultados del estudio muestran una problemática que debe ser discutida y que la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente requiere respuestas.
Reclamos contra la medida
La posibilidad de que Aparicio quede inhabilitada para trabajar en la función pública generó críticas desde sectores científicos, gremiales y del Gobierno bonaerense.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó públicamente la medida y sostuvo que las autoridades del INTA deberían dar marcha atrás.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, también cuestionó el proceso y sostuvo que podría funcionar como un mecanismo de presión sobre quienes realizan investigación científica desde organismos públicos.
Los gremios del sector, por su parte, calificaron la posible sanción como “desproporcionada” y advirtieron que podría afectar no solamente a Aparicio sino también al resto del personal dedicado a la investigación.
Una disputa que excede a una científica
El caso de Virginia Aparicio quedó así en el centro de una discusión que combina investigación científica, plaguicidas, política agropecuaria y el funcionamiento de los organismos públicos.
Por un lado, el proceso cuestiona actuaciones administrativas y el manejo de información vinculada con los participantes del estudio. Por otro, quienes respaldan a la investigadora sostienen que la sanción está relacionada con una investigación cuyos resultados generaron controversia por la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente.
Mientras tanto, el dato que puso a SPRINT en el centro de la discusión permanece: el glifosato fue detectado en el 86,1% de los participantes argentinos del estudio.
Ahora, Aparicio enfrenta la posibilidad de una sanción que podría dejarla inhabilitada de por vida para ejercer en la función pública, mientras distintos sectores reclaman que se revise el proceso iniciado contra la investigadora.
