02/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El planteo busca evitar que nuevas operaciones puedan consolidarse mientras se discute la vigencia de las restricciones.
Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar ante la Justicia para solicitar la suspensión de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras.
El pedido fue presentado después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata en una causa iniciada por el CECIM. El máximo tribunal rechazó la demanda por falta de legitimación y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre las facultades que corresponden al Congreso.
Qué cambió con la derogación de la Ley de Tierras
Con la derogación, volvieron a quedar sin efecto las restricciones que establecía la legislación para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Según el planteo presentado ante la Justicia, actualmente no rigen los límites establecidos anteriormente sobre la cantidad de tierras rurales que podían quedar en manos de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial o departamental.
También dejaron de aplicarse las restricciones relacionadas con la nacionalidad del comprador y la superficie de los inmuebles.
Otro de los puntos señalados en la presentación es la eliminación de la prohibición que alcanzaba a determinados inmuebles que contienen o son ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El argumento de los diputados
Pichetto y Massot sostienen que la medida cautelar es necesaria para evitar que las operaciones realizadas mientras permanezca vigente la derogación puedan consolidarse posteriormente como derechos adquiridos.
Según explicaron, incluso si el Congreso rechazara el DNU o aprobara una nueva ley para restablecer las restricciones, las adquisiciones realizadas durante el período de vigencia de la actual normativa podrían quedar consolidadas.
Por ese motivo, solicitaron que la Justicia intervenga de manera preventiva mientras continúa la discusión sobre el régimen de tierras rurales.
Cuestionan el uso del DNU
Los legisladores también cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras haya sido realizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Uno de sus principales argumentos es que, al momento de dictarse el DNU, el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar, por lo que —según sostienen— no estaban dadas las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución para utilizar ese mecanismo.
Además, remarcaron que el Poder Ejecutivo remitió el decreto al Congreso seis días después de su dictado y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024.
Reclaman preservar el registro de tierras
La presentación también plantea que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos estratégicos, escasos y no renovables, por lo que los diputados consideran que las reglas para su disposición deben ser establecidas por el Congreso.
Ante la urgencia planteada, solicitaron además una medida interina de aplicación inmediata, mientras se desarrolla el trámite judicial previo a la resolución de la cautelar.
De manera subsidiaria, pidieron preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad de la existencia del proceso judicial.
El planteo abre así una nueva discusión judicial sobre los efectos de la derogación de la Ley de Tierras y sobre el alcance que tendrá el DNU 70/2023 respecto de la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
