21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
El proyecto de Presupuesto 2027 plantea un esquema de distribución de recursos que, según el informe presentado por el diputado nacional Guillermo Michel, deja a las provincias con más responsabilidades, menos obras nacionales y fondos cuya asignación queda bajo decisión del Poder Ejecutivo.
El proyecto de Presupuesto 2027 expone una distribución de recursos que podría profundizar el conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores. El informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel advierte sobre la reducción de transferencias, el traspaso de obras y servicios a las jurisdicciones provinciales y la existencia de partidas cuya asignación no cuenta con criterios definidos en la ley.
La discusión adquiere una dimensión política particular porque el presupuesto se presenta en un año electoral. Según el documento, el Poder Ejecutivo conserva una importante capacidad de decisión sobre fondos que podrían resultar determinantes para las finanzas provinciales.
Menos obras nacionales y más gastos para las provincias
Uno de los principales cuestionamientos del informe se concentra en la inversión pública. Para 2027, las transferencias de capital a las provincias se proyectan en $153.000 millones, una caída del 20% en términos reales, según los cálculos incluidos en el documento.
El estudio también señala que las obras nacionales localizadas en las provincias alcanzan aproximadamente $1,06 billones, equivalentes al 1% de los recursos que las jurisdicciones reciben por coparticipación.
La distribución presenta diferencias importantes. Córdoba recibiría $0,18 en obra nacional por cada $100 de recursos de origen nacional, San Luis $0,19 y Salta $6,26, según el gráfico del informe. El documento indica que 14 jurisdicciones se encuentran por debajo del promedio.
El problema no se limita a las previsiones para 2027. El informe, con datos atribuidos a la Oficina de Presupuesto del Congreso, sostiene que a agosto de 2026 el gasto de capital acumulaba una caída real del 16,4%, mientras que las transferencias de capital a las provincias retrocedían un 47,2%.
El FONID y el transporte del interior, entre los fondos cuestionados
El informe señala que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en 2023 distribuyó $333.000 millones, quedaría con una partida de $14.290 millones bajo el Fondo de Compensación Salarial Docente.
En materia de transporte, el Fondo Compensador del transporte del interior no tiene una partida prevista para 2027, mientras que el documento compara esta situación con los $762.000 millones del Tesoro destinados al fideicomiso de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El análisis plantea una diferencia en la distribución territorial de los recursos y advierte que las provincias continúan absorbiendo funciones vinculadas a servicios y mantenimiento.
Impuesto a los combustibles: la mayor parte de los recursos no llega directamente a las provincias
El impuesto a los combustibles líquidos es otro de los ejes del informe. De acuerdo con su análisis de la distribución legal, las provincias reciben un porcentaje directo y otro a través del FONAVI, mientras que una parte importante se asigna a ANSES, el Tesoro y distintos fideicomisos.
El documento calcula que, en 2027, de $12,2 billones de recaudación proyectada por el impuesto, $2,8 billones corresponderían a las provincias a través de los destinos consignados.
También señala que los fideicomisos de transporte e infraestructura hídrica acumularían recursos sin ejecutar. El informe menciona un total de $1,12 billones en fondos acumulados y cuestiona el nivel de ejecución de la obra pública.
$7,7 billones en una partida que el informe describe como una caja discrecional
Uno de los puntos más sensibles del análisis está en la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.
El Presupuesto 2027 contempla $7,7 billones para el Programa 99, denominado «Otras Asistencias Financieras». Según el informe, la partida no tiene un artículo específico que la cree ni criterios de distribución establecidos en la ley.
El documento sostiene que los artículos 5 y 10 permiten a la Jefatura de Gabinete o al Poder Ejecutivo realizar reasignaciones, y que una parte de los fondos no tiene un destino provincial claramente determinado.
El análisis de Guillermo Michel interpreta esta estructura como una herramienta de negociación política con los gobernadores, especialmente en un año electoral. Esta interpretación corresponde al autor del informe y no constituye, por sí sola, una demostración de que los fondos se utilizarán con fines electorales.
Deudas, cajas previsionales y más control de Economía
El proyecto contempla $503.000 millones para trece cajas previsionales provinciales, frente a los aproximadamente $2,5 billones que, según el informe, ANSES debería transferir.
El documento indica que los anticipos quedarían condicionados a acuerdos firmados en 2021 o posteriormente, mientras que los montos serían determinados por ANSES.
Además, el artículo 61 establece que la deuda provincial indexada requiere autorización previa de Economía. El artículo 62 contempla mecanismos de quitas, esperas y compensaciones mediante el régimen REOR.
Este esquema concentra en el Gobierno nacional decisiones que afectan la capacidad financiera de las provincias, según el planteo del informe.
El traspaso de rutas, obras y servicios aumenta las obligaciones provinciales
El Presupuesto 2027 contempla el traspaso de 457 obras a provincias y municipios, además de la transferencia de rutas nacionales por períodos de hasta 20 años, de acuerdo con el documento.
Las jurisdicciones asumirían tareas de mantenimiento, obras y peajes en los tramos que les fueran transferidos. El informe vincula esta reorganización de competencias con un mayor esfuerzo financiero provincial.
También menciona la disolución del ENOHSA y la liquidación de programas como Procrear y el Fondo de Vivienda Social.
El debate por los recursos recién comienza
El proyecto de Presupuesto 2027 abre una discusión sobre la distribución de fondos, el financiamiento de servicios y la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.
El informe presentado por Guillermo Michel cuestiona el diseño presupuestario y advierte sobre una combinación de menos inversión nacional, mayor carga de responsabilidades provinciales y fondos bajo decisión del Ejecutivo.
La aprobación legislativa y la eventual modificación de sus artículos serán determinantes para conocer el esquema definitivo de financiamiento que regirá durante 2027.
