27/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Dos propiedades en Buenos Aires y otra en Miami atribuidas a Andrés Vázquez, el jefe de la ARCA. Imagen: Rodrigo Nespolo.
El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez y profundice la pesquisa. Su hipótesis es contundente: durante más de 15 años, el funcionario habría montado un esquema para ocultar que era el verdadero dueño de bienes en la Argentina y en Estados Unidos, incluyendo propiedades en Miami que nunca declaró.
La arquitectura del ocultamiento, según la PIA, se apoyó en dos capas perfectamente engranadas. Una local y otra offshore. Dos circuitos que se cruzan y se retroalimentan.
En la Argentina, Vázquez habría operado a través de Consultora San Andrés, una firma sin empleados que, sin embargo, movía dinero, compraba bienes y hasta le prestaba fondos a su propio dueño. La sociedad funcionaba desde un inmueble del propio Vázquez —al que, paradójicamente, le pagaba alquiler—, le otorgaba préstamos para adquirir departamentos y compraba los autos que él y su familia utilizaban. Para la Fiscalía, una pantalla diseñada para disimular incrementos patrimoniales difíciles de justificar. La pregunta que dejó flotando Rodríguez en su dictamen es tan simple como demoledora: ¿qué servicios puede prestar una empresa sin empleados?
El capítulo internacional no es menos elocuente. En Miami, Vázquez habría canalizado sus inversiones a través de sociedades panameñas —Alcorta Corp y Pompeya Group Corp— controladas por otra firma radicada en Islas Vírgenes Británicas, Galanthus Capital Limited. Las autoridades formales eran sus hijas, pero los investigadores detectaron que el propio funcionario pagaba los impuestos de los inmuebles y gestionaba beneficios fiscales, lo que evidencia el control real sobre los bienes. Para la PIA, esta superposición de estructuras no es casual: responde a un diseño típico de ocultamiento, con un “plus intencional” que excede cualquier error administrativo.
Ni siquiera los nombres de las sociedades pasaron desapercibidos. “Alcorta” y “Pompeya” remiten al universo simbólico del Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante. Un detalle menor en apariencia, pero que refuerza la idea de un esquema armado a medida.
Con ese andamiaje en funcionamiento, la Fiscalía reconstruyó una serie de operaciones que encienden todas las alarmas. En 2010, Vázquez compró el 50% de un departamento en la torre Chateau Puerto Madero Residence por 335.000 dólares —un valor que, según la PIA, estaba muy por debajo del real, estimado en 742.000—. La otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja, también funcionaria de ARCA. La operación se financió con un autopréstamo de su propia sociedad, en una maniobra conocida como “loan-back”. No fue un hecho aislado: entre 2010 y 2015, esa misma firma adquirió cinco vehículos de alta gama utilizados por el entorno familiar.
En paralelo, entre 2013 y 2015, el funcionario compró tres propiedades en Miami: dos unidades en el complejo Icon Brickell y una en el exclusivo Chateau Beach Residences de Sunny Isles. En total, más de dos millones de dólares invertidos a través de sociedades offshore. Sin embargo, en sus declaraciones juradas de 2012 y 2013, Vázquez consignaba activos líquidos por apenas 44.000 dólares. Para los investigadores, la brecha es tan grande que resulta imposible de explicar sin recurrir a ingresos no declarados.
El rompecabezas suma otra pieza en 2018. Ese año, Vázquez adquirió un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building, en Puerto Madero, por un valor escriturado que la PIA considera irrisorio: poco más de 225.000 dólares. El precio por metro cuadrado no resistiría ninguna comparación de mercado y, según la Fiscalía, la operación habría sido deliberadamente subvaluada. Más aún: la empresa que vendió el inmueble lo había comprado años antes por cifras muy superiores, lo que implicaría una pérdida millonaria difícil de justificar.
La investigación también detectó conexiones entre las operaciones en la Argentina y Estados Unidos. El mismo desarrollador inmobiliario, Chateau Group, aparece vinculado a las compras en ambos países, lo que, según el fiscal, podría evidenciar un esquema integrado de colocación y circulación de activos.
Con todos estos elementos, Rodríguez fue categórico: “sin duda alguna”, Vázquez omitió declarar su patrimonio ante los organismos de control. Pero fue más allá. Sostuvo que el conjunto de maniobras permite inferir la posible existencia de un mecanismo destinado a dar apariencia legal a fondos de origen ilícito, mediante la utilización de sociedades controladas por el propio funcionario.
El caso golpea en el corazón del sistema: el hombre encargado de controlar la recaudación y la transparencia fiscal aparece señalado por haber montado un circuito para esquivar justamente esas reglas. La decisión ahora está en manos de la Justicia. Pero el daño institucional ya está expuesto: cuando el guardián queda bajo sospecha, lo que se resquebraja no es solo un expediente, sino la credibilidad entera del sistema.
