21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Proyecto Vicuña en San Juan. Imagen: Web.
El acuerdo firmado entre San Juan y Vicuña establece condiciones que, según un análisis del economista Hugo Berozzi, podrían limitar durante décadas la capacidad de la provincia para reclamar por cuestiones fiscales y ambientales. El convenio contempla un aporte de USD 250 millones, regalías del 3% y la resolución de controversias mediante arbitraje internacional.
El proyecto minero Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining en San Juan, quedó en el centro de una fuerte controversia por las condiciones establecidas en el acuerdo firmado entre la provincia y la compañía. El convenio fue suscripto el 5 de agosto de 2026 por el gobernador Marcelo Orrego y posteriormente aprobado por la Cámara de Diputados provincial por 27 votos a favor y 9 en contra.
El emprendimiento reúne los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera sanjuanina, cerca del límite con Chile. La inversión inicial proyectada ronda los USD 9.700 millones y el proyecto está alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La discusión no gira solamente alrededor de la inversión minera. El economista sanjuanino Hugo Berozzi analizó las 57 páginas del acta compromiso y cuestionó especialmente el alcance temporal del convenio, las condiciones fiscales y la forma prevista para resolver eventuales conflictos.
Un acuerdo con vigencia durante décadas
Uno de los puntos señalados por Berozzi es que determinadas condiciones del acuerdo podrían extenderse durante la vida útil del emprendimiento, estimada en 71 años.
El convenio contempla un aporte de hasta USD 250 millones por parte de Vicuña para financiar infraestructura provincial. El Gobierno de San Juan presentó ese mecanismo como una herramienta para adelantar obras estratégicas antes de que la mina entre plenamente en producción.
Sin embargo, el análisis crítico sostiene que ese desembolso debe ser evaluado junto con las demás obligaciones y beneficios establecidos en el acuerdo. Berozzi cuestionó que una parte importante de esos fondos pueda terminar destinada a infraestructura necesaria para la propia logística del proyecto.
Regalías: el punto que genera otra discusión
Otro de los aspectos más sensibles es el esquema de regalías. Según el análisis difundido por Berozzi, San Juan establece una alícuota del 3% durante la vida útil del proyecto, mientras que la legislación nacional permite a las provincias establecer hasta un 5% para nuevos proyectos mineros.
El economista calculó que resignar ese diferencial podría representar aproximadamente USD 491,2 millones a valor presente. Se trata de una estimación cuestionada por el Gobierno provincial, que defendió los términos del convenio y el esquema de aporte anticipado.
Además, una de las cláusulas cuestionadas extiende determinadas condiciones a un área de 75 kilómetros alrededor del proyecto, lo que amplía el alcance territorial de las garantías otorgadas a la compañía.
La pelea por el control ambiental
La discusión también alcanza las obligaciones vinculadas con el ambiente y el uso del agua. Berozzi sostuvo que algunas exigencias contempladas originalmente fueron modificadas o eliminadas en el nuevo esquema.
Entre los puntos señalados aparecen obras vinculadas con infraestructura hídrica, proyectos de innovación energética, iniciativas productivas y acciones de compensación ambiental. El planteo del economista es que el Estado provincial debería conservar herramientas suficientes para exigir reparaciones si durante las décadas de explotación se producen daños ambientales.
El proyecto está ubicado en una zona cordillerana donde existen glaciares de escombros y ambientes periglaciales, lo que agrega otra dimensión a la discusión sobre los controles ambientales.
Arbitraje internacional: el punto más controvertido
Uno de los artículos que mayor cuestionamiento generó establece un mecanismo de arbitraje internacional para resolver determinadas controversias entre las partes.
Según el texto del acuerdo difundido públicamente, las diferencias deben canalizarse mediante un tribunal arbitral bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en lugar de quedar exclusivamente sometidas a los tribunales ordinarios provinciales.
Para Berozzi, esta cláusula puede generar riesgos económicos importantes para San Juan en caso de futuros conflictos. Su interpretación es que la provincia podría enfrentar costos elevados y eventuales indemnizaciones si un tribunal arbitral falla en su contra.
El cuestionamiento llegó incluso al plano constitucional. El economista sostuvo que algunas disposiciones del convenio entrarían en tensión con normas de la Constitución de San Juan, particularmente en materia ambiental, tributaria, minera y judicial. Se trata de una interpretación jurídica que forma parte del debate abierto alrededor del acuerdo.
El despido de Berozzi profundizó la polémica
La controversia tomó otra dimensión después de que Hugo Berozzi fuera desvinculado del Fondo de Garantías de San Juan, organismo donde había trabajado durante seis años.
Distintas publicaciones señalaron que su salida ocurrió después de que difundiera sus cuestionamientos al convenio. Berozzi sostuvo que fue despedido sin una causa formal y relacionó su desvinculación con el informe sobre Vicuña.
El Gobierno provincial, por su parte, cuestionó sus cálculos y defendió el acuerdo alcanzado con la empresa. Por eso, la discusión ya no se limita al impacto económico del megaproyecto: también abrió un debate sobre los límites de las concesiones al capital minero, el control estatal y la capacidad futura de San Juan para fiscalizar el emprendimiento.
